LEY DE ESTUPEFACIENTES: NUEVA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA

El día 25 de agosto de este año 2009 se ha hecho público el texto del fallo “ARRIOLA”. Debido a su extensión nos limitaremos a ofrecerles nuestras reflexiones y recomendaciones al personal de fuerzas de seguridad que resulte preventor en un hecho supuestamente en infracción a la Ley 23737 (Ley Federal de Estupefacientes).

Relanzando la antigua jurisprudencia sentada en el Fallo “Bazterrica”, la actual conformación de la Corte Suprema de Justicia ha decidido reconocer la necesidad de respetar las acciones realizadas en la intimidad. En el caso concreto, se decidió absolver a imputados por tenencia de estupefacientes para uso personal.

Y AHORA QUE???

Sería una buena pregunta que puede hacerse todo personal que por razón de su función pueda hallarse frente a una situación en la cual no sepa cómo debe actuar. Como profesionales del Derecho, creemos necesario ayudarlos a aclarar algunas cuestiones puntuales:
  • La tenencia de todo estupefaciente prohibido sigue siendo delito, mientras la Ley Federal de Estupefacientes no sea modificada.
  • Aquellos funcionarios que en ejercicio de sus funciones detengan a una persona presuntamente responsable de infringir la Ley 23737 y secuestren una sustancia prohibida, estarán actuando legalmente, y ninguna responsabilidad civil o penal les corresponderá por sus actos.
  • No obstante lo dicho, y acorde al espíritu del fallo, será importante que quienes tienen entre sus obligaciones específicas actuar en casos de estupefacientes, SE CONCENTREN EN PREVENIR LA PRODUCCIÓN, VENTA Y TRÁFICO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS, concentrando su acción en ello y no en detener a quienes realicen acciones que podemos no compartir o no aprobar, pero que están protegidas por la Constitución Nacional.
Según estadísticas hechas públicas recientemente, el 85% de las causas por Infracción a la Ley 23737 son por tenencia para consumo. Estas causas producen el desvío de recursos humanos estatales necesarios para investigar y condenar a quienes se benefician y se hacen millonarios gracias a los consumidores o adictos. Más visible es el perjuicio que la sociedad sufre cuando un funcionario debe dejar de protegerla para llevar a una persona detenida con estupefacientes para consumo personal a la oficina donde se escribirá el sumario del procedimiento. Un cigarrillo de marihuana deja a una persona “marcada” y criminalizada por muchos años, deja a los vecinos con varios funcionarios menos para cuidarlos y con un patrullero menos para recorrer la ciudad, mientras esos funcionarios pierden tiempo con papeleo en una oficina.

Citamos a continuación un fragmento del fallo “ARRIOLA” que consideramos fundamental para el estudio de los funcionarios: “(...) No hay dudas que en muchos casos los consumidores de drogas, en especial cuando se transforman en adictos, son las víctimas más visibles, junto a sus familias, del flagelo de las bandas criminales del narcotráfico. No parece irrazonable sostener que una respuesta punitiva del Estado al consumidor se traduzca en una revictimización (...)”

A modo de cierre, queremos transcribir el Artículo 19 de la Constitución Nacional Argentina, para abrir un diálogo y una reflexión que con más profundidad jurídica trataremos en la próxima aparición de FUNCIONAR.

CONSTITUCIÓN NACIONAL
Artículo 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.